Columbia, Carolina del Sur. — Organizaciones defensoras de derechos civiles y líderes comunitarios se pronunciaron en contra del proyecto de ley H.4764, una propuesta que buscaría obligar a las agencias policiales locales a colaborar con autoridades federales de inmigración.
La conferencia de prensa se realizó el 26 de febrero, luego de una audiencia del Subcomité de Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Leyes Especiales en el Capitolio estatal. Ahí se discutió la iniciativa que ha generado preocupación entre grupos comunitarios.
Representantes de la American Civil Liberties Union de Carolina del Sur (ACLU-SC), junto con integrantes de Midlands SC Defensa y líderes de comunidades de fe, expresaron su rechazo al proyecto.
Según explicaron, el proyecto H.4764 obligaría a departamentos de policía locales a participar en el programa federal 287(g), el cual permite que oficiales estatales y municipales asuman funciones de inmigración bajo supervisión federal.
Ese mismo día, la ACLU publicó un nuevo informe titulado “Deputized for Disaster”, en el que advierte que la expansión del programa 287(g) bajo la administración del presidente Donald Trump ha provocado perfilamiento racial, violaciones a derechos civiles y miedo en comunidades inmigrantes.
El informe señala que el programa ha convertido a policías locales en agentes de deportación, incluso durante paradas de tráfico rutinarias. Según la ACLU, esto afecta la confianza entre la comunidad y la policía, y desvía recursos que deberían destinarse a la seguridad pública.
Aumentan acuerdos con ICE en Carolina del Sur
De acuerdo con el reporte, hasta hace poco los acuerdos bajo el programa 287(g) eran poco comunes en Carolina del Sur. Sin embargo, entre febrero de 2025 y febrero de 2026 el número de acuerdos pasó de 3 a 37.
La ACLU sostiene que esta expansión ha sido impulsada por presión estatal y federal hacia agencias locales.
Durante la primera audiencia del proyecto, celebrada el 17 de febrero, todas las personas que hablaron al público expresaron su oposición. Ningún ciudadano habló a favor.
“Se pone en riesgo la confianza”
Jace Woodrum, director ejecutivo de ACLU-SC, declaró que obligar a las policías locales a colaborar con ICE pone en riesgo la seguridad y la confianza pública.
Según explicó, el proyecto quitaría a los jefes policiales locales la decisión de participar o no en el programa, y podría dañar la relación que han construido con sus comunidades.
Recomendaciones del informe
El informe recomienda a estados y ciudades:
- Prohibir o retirarse del programa 287(g).
- Evaluar riesgos legales y financieros.
- Limitar el número de oficiales que participen.
- Establecer mayor supervisión antes de colaborar con agentes federales.
Organizaciones comunitarias advirtieron que seguir ampliando este tipo de acuerdos podría generar más temor entre familias inmigrantes y menos cooperación con autoridades locales.
El proyecto H.4764 continúa en discusión en la Legislatura estatal.