Bluffton, Carolina del Sur — Mayra Rivera-Vázquez, candidata demócrata al Congreso por el 1.er Distrito Congresional de Carolina del Sur, lanzó duras críticas contra la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, por lo que describió como un intento de usar la reciente violencia en Minnesota para presionar a ese estado a entregar datos privados de votantes y beneficiarios de programas sociales.
En una carta fechada el 24 de enero de 2026, Bondi habría planteado un supuesto “camino” para que el gobierno federal y agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) redujeran su presencia en Minnesota, condicionado al acceso a listas de votantes del estado y a registros confidenciales de Medicaid y SNAP. El documento también incluiría exigencias para revertir políticas locales y aumentar la cooperación con ICE.
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Según Rivera-Vázquez, el mensaje implícito es claro: entregar información personal sensible o enfrentar una intensificación de la represión federal.
“Llamemos esto por su nombre: un ultimátum coercitivo”, afirmó. “Minnesota está de duelo por una violencia real y una pérdida real, y la respuesta es una lista de exigencias. Eso no es seguridad pública, es tiranía”.
La candidata también cuestionó lo que considera el uso político de una tragedia. “Es repugnante ver a una funcionaria federal tratar la violencia como una ficha de negociación”, dijo. “No se puede intercambiar el miedo y el dolor de la gente por acceso a registros confidenciales, ni usar una tragedia como cobertura para un robo de datos”.
Rivera-Vázquez, quien ha trabajado durante años en temas de inmigración y apoyo a sobrevivientes de violencia doméstica, advirtió que la solicitud de listas de votantes debería alarmar a personas de todos los partidos políticos. A su juicio, exigir bases de datos electorales como condición para ofrecer “alivio” federal representa un intento de intimidación y una amenaza directa a los derechos al voto.
También expresó preocupación por la posible entrega de información de Medicaid y SNAP, programas que atienden a familias de bajos ingresos, personas mayores y niños. “No son fichas de negociación, son salvavidas”, subrayó. “Amenazar con convertir esos registros en un arma es inmoral y puede disuadir a la gente de buscar ayuda cuando más la necesita”.
Ante esta situación, Rivera-Vázquez pidió al Congreso que investigue de inmediato la conducta del gobierno federal y rechace cualquier intento de usar el poder federal para intimidar a los estados o vulnerar las protecciones de privacidad. Señaló además que senadores demócratas han sugerido bloquear el presupuesto federal si no se imponen límites estrictos a la financiación de ICE, como una forma de exigir rendición de cuentas tras los hechos en Minnesota.
“Si pueden hacerle esto a Minnesota hoy, pueden hacérselo a Carolina del Sur mañana”, concluyó Rivera-Vázquez. “Así es como se ve la política autoritaria: cumplimiento exigido a punta de placa. Me postulo al Congreso para defender el derecho al voto, la privacidad y a nuestras comunidades”.
