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Legislador Republicano Acusado De Distribución De pornografía Infantil

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Columbia, SC — Desde dentro del propio Capitolio estatal de Carolina del Sur surgen llamados para expulsar al representante estatal RJ May, republicano por el condado de Lexington, quien enfrenta 10 cargos federales por distribuir material de abuso sexual infantil.

Los cargos, presentados por fiscales federales, conllevan una pena mínima obligatoria de cinco años de prisión y una máxima de hasta 20 años, además de una multa de $250,000 por cada delito.

El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Davey Hiott (R–Pickens), presentó una denuncia formal el viernes ante el Comité de Ética de la Cámara para iniciar el proceso de expulsión de May. En una declaración, Hiott aseguró que el caucus está “profundamente perturbado” por las acusaciones y subrayó que May forma parte del Freedom Caucus, una facción más conservadora y separada del House Republican Caucus.

El jueves, la jueza federal Shiva Hodges ordenó que May permanezca detenido sin derecho a fianza mientras espera su juicio, tras una audiencia que duró casi dos horas.

Ese mismo día, May fue suspendido oficialmente de su cargo como legislador a través de una carta enviada por el presidente de la Cámara de Representantes de Carolina del Sur, Murrell Smith. Según la ley estatal, los legisladores imputados por delitos graves deben ser suspendidos sin paga de manera inmediata hasta que sean absueltos, condenados o lleguen a un acuerdo judicial.

De acuerdo con la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Carolina del Sur, la investigación comenzó cuando la aplicación de mensajería Kik alertó al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados en abril de 2024 sobre varios videos de abuso sexual infantil subidos desde una cuenta con el nombre de usuario “joebidennnn69”. Las autoridades determinaron que al menos 10 de esos videos fueron compartidos desde dicha cuenta, la cual estaba vinculada al teléfono móvil y la dirección IP doméstica de May.

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Según documentos judiciales, May habría utilizado ese mismo nombre de usuario para intercambiar aproximadamente 220 archivos distintos que mostraban a bebés, niños pequeños y menores de edad participando en actos sexuales. Estos intercambios ocurrieron durante un periodo de aproximadamente cinco días en la primavera de 2024. Los archivos fueron descritos con detalle gráfico en los documentos judiciales.

En agosto del año pasado, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional confiscaron cerca de tres docenas de dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos, discos duros y unidades USB, en posesión de May. En octubre, los fiscales solicitaron tiempo adicional para examinar la evidencia, anticipando presentar cargos penales en marzo de este año.

RJ May fue elegido por primera vez en 2020 como representante del Distrito 88 y reelegido a un tercer mandato en noviembre de 2024. Fue uno de los fundadores del South Carolina Freedom Caucus, un grupo de línea dura que ha presionado al Partido Republicano estatal hacia posiciones más conservadoras. May lideró la estrategia del grupo en sus primeros años y fue su vicepresidente hasta mediados de 2024, cuando el caucus eligió nueva directiva.

Después de que se hiciera pública la redada en su propiedad, los líderes del Freedom Caucus evitaron responder preguntas sobre el estatus de May. Posteriormente, confirmaron su suspensión como miembro del grupo.

A pesar de la investigación, May estuvo presente en todas las sesiones legislativas del 2025, que concluyeron en mayo, aunque se mantuvo en silencio durante los debates y permaneció en su escritorio apartado, lejos del protagonismo que antes solía tener.

En diciembre de 2024, durante una sesión de reorganización de la Cámara, May respondió brevemente a preguntas de la prensa: “La gente del Distrito 88 me eligió para hacer un trabajo, y eso es lo que estoy aquí para hacer. Seguiré haciendo el trabajo que he hecho durante los últimos cuatro años”.

Ahora, su futuro político pende de un hilo mientras el Comité de Ética evalúa su posible expulsión y continúa el proceso judicial en su contra.

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