Cuatro ciudadanos hondureños fueron acusados formalmente por un gran jurado federal en Orlando la semana pasada por supuestamente operar un sistema de nómina ilegal que permitía pagar en efectivo a trabajadores de la construcción indocumentados, evadiendo impuestos laborales y defraudando a compañías aseguradoras.

Los acusados, identificados como Iris Villafranca, Mario Flores, Osman Zapata y Cristofer Oseguera Giron, enfrentan cargos por conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y por conspiración para defraudar a Estados Unidos. Además, Villafranca fue acusada de conspiración para cometer fraude electrónico y de presentar declaraciones de impuestos falsas.

Según la acusación formal, entre 2015 y 2022 los acusados utilizaron una serie de empresas fantasmas para operar un negocio clandestino de cambio de cheques y traslado de dinero en efectivo. Durante ese periodo, se habrían cobrado aproximadamente 89 millones de dólares en cheques provenientes de subcontratistas del sector de la construcción, quienes usaban el dinero en efectivo para pagar a sus trabajadores.

Como parte del esquema, los acusados cobraban un porcentaje del monto de los cheques como comisión. Este sistema habría permitido a contratistas y subcontratistas evitar el pago de impuestos laborales y emplear a personas sin autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

La acusación también señala que los implicados presentaron documentos fiscales falsos ante el IRS para encubrir el sistema de pagos fuera de nómina y realizaron depósitos mínimos de impuestos laborales. Además, se les acusa de defraudar a compañías de seguros de compensación laboral al arrendar certificados de seguro a contratistas y proporcionar información falsa sobre el número de empleados y sus salarios.

Villafranca enfrenta cargos adicionales por presentar declaraciones de impuestos individuales falsas entre 2019 y 2022, omitiendo ingresos obtenidos por el esquema y por propiedades en alquiler.

De ser hallada culpable, Villafranca podría enfrentar:

• Hasta 5 años de prisión por conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia,
• Hasta 20 años por conspiración para cometer fraude electrónico,
• Hasta 5 años por conspiración para cometer fraude fiscal, y
• Hasta 3 años por cada declaración de impuestos falsa presentada.

Flores, Zapata y Oseguera Giron, por su parte, enfrentan penas máximas de 5 años de prisión por cada cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y por conspiración para cometer fraude fiscal.

Las sentencias serán determinadas por un juez de distrito federal, tomando en cuenta las directrices de sentencia y otros factores legales.

La investigación fue llevada a cabo por la División de Investigación Criminal del IRS, con la asistencia del Departamento de Seguridad Nacional (HSI). El caso está siendo procesado por abogados de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito Medio de Florida.

Se recuerda que una acusación formal es solo una alegación. Todos los acusados son presuntos inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.