Las personas acusadas de un delito violento y luego condenadas por un segundo delito violento mientras están en libertad bajo fianza podrían enfrentarse a más tiempo de prisión en virtud de sentencias adicionales en un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Carolina del Sur el miércoles.

Después múltiples llamadas de la ciudadanía para cambiar el sistema de justicia penal en Carolina del Sur, los legisladores estatales están cambiando la forma en que los jueces determinan la libertad bajo fianza para las personas acusadas de delitos violentos.

A última hora del miércoles, los líderes estatales hablaron de un plan que ha sido aprobado por la cámara. Añadiría una condena obligatoria de cinco años de prisión para las personas condenadas por cometer un delito violento al mismo tiempo que están en libertad bajo fianza por otro delito violento.

Dicha propuesta ha sido respaldada por las fuerzas del orden como una herramienta necesaria para cerrar la “puerta giratoria” de los delincuentes reincidentes, mientras que los defensores de la justicia penal la han tachado de violación inconstitucional de las garantías procesales que afecta a los acusados pobres.

El proyecto de ley que busca modificar la forma en que se otorga una fianza agregaría 5 años de condena a personas que comentan un delito violento

Según el proyecto de ley 3532, las personas condenadas por un delito violento mientras están en libertad bajo fianza por un primer cargo distinto se enfrentarían a otra condena obligatoria de cinco años de prisión, además de cualquier castigo por sus otras infracciones. La lista de delitos violentos incluye el asesinato, la conducta sexual delictiva, el secuestro, el tráfico de personas, el robo a mano armada, el robo de vehículos, el robo con allanamiento de morada y el incendio provocado.

Esta medida fue aprobada por 92 votos a favor y 20 en contra. El Senado debe ahora avanzar el proyecto de ley antes de que el gobernador puede firmarlo en ley.

Este proyecto de ley es solo uno de una serie de cambios a la fianza en movimiento a través de ambas cámaras y fue nombrado una de las principales prioridades para el gobernador republicano Henry McMaster al entrar en su último mandato. En su discurso de enero sobre el Estado del Estado, McMaster – anteriormente Fiscal General del Estado – apoyó la propuesta de la Cámara.

Los partidarios señalan casos como un tiroteo mortal en Rock Hill en 2019 como el impulso detrás del proyecto de ley. Los fiscales habían intentado revocar la fianza de un hombre de 35 años que desde entonces ha sido acusado de matar a una mujer y herir a otras dos en un tiroteo mientras agredía a otras tres personas con un martillo, informó el Rock Hill Herald.

La controvertida medida ha generado opiniones encontradas en los distintos bandos políticos

El presidente de la Cámara de Representantes, Murrell Smith, celebró la aprobación del proyecto de ley en una rueda de prensa celebrada el miércoles con alguaciles y fiscales locales. La fiscal del 9º Circuito, Scarlett Wilson, dijo que el proyecto de ley proporcionará los “dientes” que las oficinas como la suya necesitan para responsabilizar a los delincuentes reincidentes.

“Carolina del Sur no tolerará ni permitirá una puerta giratoria de reincidentes”, dijo Smith. “Hoy la Cámara ha dicho en voz alta con una mayoría abrumadora que vamos a tomar medidas enérgicas contra los que siguen aterrorizando a nuestros ciudadanos, especialmente cuando están en libertad bajo fianza”.

Los demócratas apoyaron el objetivo, pero criticaron la solución elegida. El líder de la minoría en la Cámara, Todd Rutherford, acusó a los republicanos de “política de pegatina”. Dijo que el esfuerzo estaría mejor servido mediante la asignación de los fondos necesarios para que todos los condados puedan permitirse dispositivos de vigilancia GPS y la asignación de consejeros para ayudar a los delincuentes a conseguir empleo.

Los demócratas también expresaron su preocupación por el hecho de que las personas declaradas inocentes de la primera acusación sean castigadas erróneamente como reincidentes por un delito que no cometieron.

“Estamos penalizando a la gente por ser acusada de un primer delito”, dijo el representante demócrata Deon Tedder.

Jim Huff, un abogado, testificó a principios de esta sesión que estos cambios podrían obstaculizar los presupuestos locales, convirtiendo cualquier centro de detención local en una “prisión de pobres” lleno de gente que no puede permitirse el lujo de pagar la fianza.

El jefe de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur, Mark Keel, dijo que el requisito de fianza completa en efectivo envía un “mensaje claro” a los delincuentes violentos y reincidentes del estado.