Los legisladores de Georgia están endureciendo su postura sobre las ciudades santuario tras el asesinato de Laken Riley. Están reescribiendo una ley para responsabilizar a los condados y ciudades que buscan ser ciudades santuario, y también desean permitir que los ciudadanos demanden a sus propias comunidades por violar la ley
El asesinato de Laken Riley sigue generando consecuencias tanto dentro como fuera del Estado del Melocotón.
En esta oportunidad, los legisladores se encuentran considerando el tomar medidas más drásticas contra aquellas ciudades o condados que deseen convertirse en ciudades santuario a través de la modificación de una ley existente con el fin responsabilizar a los condados y ciudades por cualquier designación de ciudad santuario.
El proyecto de ley 301 busca prohibir los condados y ciudades santuario, así como revocar su financiamiento estatal. El senador Randy Robertson afirma que la ley ha sido redactada de nuevo para evitar que los condados violen la ley.
HB 301 o proyecto sobre ciudades santuario: La normativa confusa podría prestarse para violar derechos a los migrantes
La motivación para esta legislación surge del caso de Laken Riley, quien fue asesinada en el campus de la Universidad de Georgia por José Ibarra, quien había ingresado ilegalmente al país. Ibarra fue liberado bajo palabra y luego arrestado en la ciudad santuario de Nueva York antes de llegar a Georgia. Aunque Georgia no tiene ciudades santuario, el asesinato de Riley ha generado conmoción, lo que ha llevado a los ciudadanos a tener derecho a demandar a su condado o ciudad.
El proyecto de ley también permite destituir a los cargos electos locales que adopten normas de santuario. Sin embargo, Isabel Otero del Southern Poverty Law Center advierte que estas leyes pueden ser confusas para las fuerzas del orden y dañinas para la gente. Otero destaca que el lenguaje en torno a la retención en muchas leyes de inmigración no es claro y puede llevar a perfiles raciales y violaciones de derechos constitucionales.
El presidente de la comisión, John Albers, rechaza estas preocupaciones y dice que no se involucrarán en el debate sobre las ciudades santuario. A pesar de esto, el proyecto de ley fue aprobado por una votación de 4 a 1 y ahora se dirigirá a la Comisión de Reglamento del Senado.
